Como podemos observar existen importantes diferencias entre las provincias andaluzas. En primer lugar está Cádiz que se lleva el ranking con el 9.4% de población excluida, le sigue Sevilla con el 6%. Alrededor del 5% se sitúan Huelva y Málaga. Córdoba y Almería rondan el 4%. Por último, Granada y Jaén sólo presentan el 3.8% de exclusión cada una.
En este sentido, seguimos reivindicando una Ley de Inclusión Social que pueda paliar esta injusta situación social, principal lacra de nuestra tierra.
El nuevo estatuto, aprobado en referéndum el pasado 25 de febrero de 2007, debería haber servido para marcar un nuevo rumbo en la política social de Andalucía, con la elaboración de la Ley de Inclusión Social y la creación de una Consejería para la Inclusión Social que desarrollase dicha Ley.
Hasta la presente no hay indicios de que se vaya a aprobar dicha ley en esta legislatura, a pesar de las diferentes promesas que han ido realizando. Sin embargo si se han prometido una serie de medidas, con marcado carácter electoralista, encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda, el aumento de la natalidad, o la de incentivar al alumnado con 6.000 euros para que no abandonen los estudios de bachillerato,… Medidas que, de ponerlas en marcha, no llegarán a las familias más empobrecidas y excluidas.
Esperemos que a principios del 2008, período preelectoral, no se nos vuelvan a prometer planes o borradores de leyes sobre la exclusión social para que, nuevamente, se queden en aguas de borrajas como ya ocurrió en las campañas electorales del año 2000 y 2004.
Igualmente, instamos a todos los partidos políticos a que incluyan en sus programas electorales el objetivo de acabar con las situaciones de exclusión social de nuestra tierra con medidas concretas y dotaciones de gasto social que permitan un desarrollo real de las mismas. Es el momento de que se demuestre con hechos la voluntad política de afrontar este serio problema. El crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha contribuido a garantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos porque el umbral de pobreza no ha descendido. Se acerca el 60º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sin embargo la aspiración de lograr una Andalucía libre de la miseria sigue sin convertirse en realidad para miles de personas que viven en la pobreza y a las que se les niegan de forma sistemática prácticamente todos sus derechos humanos.
De Er llano
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